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A un año de la promulgación de la ley de víctimas

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El 10 de junio de 2011 con la presencia del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon, el presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, sancionó la ley 1448 de dicho año más popularmente conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La misma ley estableció que el Gobierno Nacional tenía un plazo de seis meses para su reglamentación.

Por tal razón una verdadera evaluación de la ley deberá hacerse en diciembre próximo. Sin embargo, si es útil reflexionar sobre las principales dificultades y también aciertos que muestra la implementación de la ley después de seis meses de expedidos la mayor parte de los decretos reglamentarios para ponerla en marcha. Varios artículos de este número de Caja de Herramientas se ocupan de un balance preliminar de la ley. Aquí reflexionaremos sobre algunos temas, pero principalmente sobre la participación de las víctimas en el desarrollo de la ley.

El principal obstáculo que la ley ha presentado para su implementación está en dos de sus componentes centrales a saber: el de la reparación por vía administrativa y el de la restitución de tierras. Sobre la reparación por vía administrativa el principal obstáculo aún no superado tiene que ver con la puesta en marcha bajo la dirección de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, URIAV, que en la ley  fue la entidad encargada de poner en marcha el Registro único de Víctimas. A estas alturas no se ha puesto en marcha el sistema único para el registro y según informaciones recientemente publicadas habría más de 175.000 solicitudes sin respuesta. Esta es una tarea urgente que no da espera.  Las víctimas tienen el derecho a saber si se les reconoce su calidad de víctimas y para ello debe ponerse en funcionamiento el registro único. La URIAV tenía un año para poner en marcha el registro único de víctimas plazo que se cumplió el pasado 10 de junio. Esta tarea es urgente.

Pero, así como es urgente la puesta en marcha del sistema de información y registro hay un faltante en toda la reglamentación que a nuestro juicio es una falencia muy grave para garantizar la debida transparencia en el pago de las indemnizaciones a las víctimas por vía administrativa. Nos referimos a que no se han adoptado criterios objetivos que permitan ordenar las solicitudes para establecer el orden en que se harán los pagos. Estos criterios objetivos son los que permitirían ordenar la fila de los solicitantes. Como se sabe el Estado tiene 10 años para hacer los pagos y demás reconocimientos que la ley les otorga como derechos a las víctimas. Los criterios que permitan establecer un orden se refieren a que debería establecerse que las indemnizaciones por vía administrativa, primero deberían pagarse a las mujeres cabeza de familia con mayor número de hijos menores, luego debería pagarse a los hombres solos cabeza de familia con el mayor número de hijos menores, luego a los discapacitados, etc. etc. esto por vía de ejemplo. Esto permitiría establecer el orden en que el Estado va reconociendo y pagando los montos de las reparaciones por la vía administrativa. No hacerlo es permitir que el clientelismo siga operando como lo ha hecho en el programa Familias en Acción, en que se encuentran más de 300 mil familias víctimas del desplazamiento forzado. Una reciente investigación de la Fundación Foro Nacional por Colombia cuyos resultados fueron entregados ésta semana,  muestra como en este programa gubernamental ha campeado el clientelismo y se ha acentuado una línea asistencialista en la política pública social del todo inconveniente para sacar de la pobreza al 36% de la población colombiana que vive por debajo de la línea de pobreza según cifras del propio gobierno.

También hemos criticado que los montos definidos para los distintos hechos victimizantes están muy por debajo de los estándares definidos en el país por el Consejo de Estado y por debajo de los estándares y montos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno pretextando problemas fiscales, desaprovecho la propuesta de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento forzado que proponía una reparación con principios de equidad con montos que sin ser los topes máximos estaban más próximos a los definidos por el Consejo de Estado y por la Corte Interamericana. Esta propuesta había sido entregada tanto a la Corte Constitucional como al Gobierno Nacional y hubiese sido una oportunidad para avanzar en la desconcentración del ingreso y de la renta a favor de las víctimas que se encuentran en más el 90% por debajo de la línea de pobreza.

Un segundo gran problema tiene que ver con la puesta en marcha de la política de restitución de los más de 6.5 millones de hectáreas despojadas a los 5.2 millones de personas desplazadas desde el año de 1985. El cálculo sobre tierras despojadas abarca desde el primero de enero de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010. La puesta en marcha de la institucionalidad responsable de la restitución de tierras ha sido lenta, pero hay que tener en cuenta la complejidad de la tarea, por lo cual, por lo menos de nuestra parte, estimamos que se debe dar todavía un compás de espera. Estas dificultades tienen que ver con la puesta en marcha de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas adscrita al Ministerio de Agricultura, los tribunales regionales de restitución de tierras y los jueces de restitución de tierras. Así mismo la atención a la reclamación de las víctimas y la clarificación de los criterios judiciales para dicha restitución. Éste proceso como hemos dicho es complejo y apenas se ha puesto en marcha.

Pero, como lo hemos señalado en otras oportunidades uno de los principales obstáculos tiene que ver con la intimidación y el asesinato de los líderes de la reclamación de las tierras en distintas regiones del país. Desde el año 2005 han sido asesinados 56 líderes de reclamación de tierras, crímenes que siguen en la más completa impunidad. Por ello si el Estado no define una política de persecución y desmantelamiento de las bandas criminales y de sus cómplices; aliados en las propias Fuerzas Armadas y de Policía así como en las redes políticas y sociales que apoyan a los sectores opuestos a la restitución, el programa tendrá serias dificultades para su éxito y muchos factores favorables a su fracaso. No se ven resultados contundentes en esta materia. Éste es el principal reto del Gobierno y de la Fiscalía General de la Nación que tendría claro el problema según lo ha expresado el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, pero lo que no se ven son acciones y resultados contundentes para poner tras las rejas a los actores armados que se oponen a la restitución de tierras.

Finalmente un problema apenas en vías de resolución ha sido el de la participación de las víctimas que fue ampliamente discutido en el Congreso y aceptado como uno de los pilares de la política de reparación y restitución de tierras contenido en la ley 1448 de 2011. En efecto, la ley estableció un sistema de organización de las víctimas alrededor de una Mesa Nacional, Mesas Departamentales y Mesas Municipales además de Comisiones Temáticas y leyes específicas para las comunidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades Rom. Sin embargo, no fue afortunada la reglamentación de la participación en el decreto 4800 de diciembre de 2011. Tanto la Comisión de Seguimiento como la Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a organizaciones sociales hemos insistido en la necesidad de poner en marcha un mecanismo transitorio que permita la participación organizada de las víctimas en la aplicación de la ley, en la discusión y adopción del Protocolo de la participación de las víctimas en la puesta en marcha de la ley, en la elección de los delegados de las víctimas tanto el Comité Ejecutivo, los representantes a la Unidad de Restitución de Tierras, en los Consejos Territoriales de Justicia Transicional, en el Centro de Memoria Histórica entre otros. El asunto es que sin una creciente participación de las víctimas en estos espacios, el Gobierno ha avanzado sin tener en cuenta a las víctimas. Reglamentó la ley sin una consulta y adoptó recientemente el documento Conpes, también sin consulta y lo que es más grave estableció un plan de acción para la ejecución de la ley sin contar con las propuestas y observaciones de las víctimas. Finalmente la Unidad Especial de Atención y Reparación atendió la propuesta de la Comisión de Seguimiento y de la Mesa Nacional y quizás cuando sea publicado este artículo se haya publicado ya la resolución de la URIAV que pone en marcha un mecanismo transitorio amplio y democrático para que por fin las víctimas puedan tomar parte del proceso. Esta es una buena noticia.

Edición N° 00307 – Semana del 15 al 21 de Junio de 2012

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0307/articulo01.html